Los coches eléctricos están ganando terreno en el mercado y es por eso que la infraestructura de carga tiene que mejorar y avanzar hacia el futuro de la electromovilidad. En la actualidad, España tiene cerca de 16.000 cargadores y la mayoría son de carga lenta.

Esto hace que muchos conductores sean reacios a dar el paso hacia la movilidad eléctrica y es que, a la hora de realizar un viaje, aún no hay una seguridad total para realizar la recarga sin una planificación previa.

Esto está empezando a cambiar poco a poco y es que recientemente se ha votado a favor en el Parlamento Europeo para que en el año 2026 sea obligatorio contar con un punto de recarga para coches eléctricos cada 60 kilómetros.

La votación en el Parlamento Europeo se ha saldado con 485 votos a favor, 65 en contra y 80 abstenciones.

Una normativa en pro de la movilidad sostenible

Esta normativa también ha aprobado que se instalen surtidores de hidrógeno cada 100 kilómetros. Esto supone que España cuente con unos objetivos mínimos obligatorios con el fin de mejorar la infraestructura de carga para coches con cero emisiones.

El siguiente paso implica a los estados miembros del Parlamento que serán quienes tendrán que presentar un plan para 2024 en el que se establezcan las vías y las opciones para conseguir que España amplíe su infraestructura. El texto adoptado, además de la obligatoriedad de contar con un punto de recarga cada 60 kilómetros. Este requisito también se debe aplicar a autobuses y camiones y solo existirán excepciones para carreteras con poco tráfico e islas.

Además, el Parlamento ha señalado que las estaciones de servicio alternativas deben ser accesibles para todas las marcas de automóviles, el pago debe ser fácil y deben mostrar el precio por kWh. Cabe mencionar que los principales datos deberán ser públicos en 2027 para que los usuarios conozcan la disponibilidad, los tiempos de espera y los precios de las diferentes estaciones europeas.

Estas medidas forman parte del paquete Fit for 55 in 2030, el plan de la Unión Europea para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en, al menos, un 55% para 2030 en comparación con los niveles de 1990. Ahora, gracias a estas medidas, la infraestructura española de recarga se verá mejorada para fomentar el uso del coche eléctrico entre los conductores.